Del “yo tengo derecho” al “¿qué me corresponde hacer?”
En el artículo anterior escribí sobre una idea aparentemente sencilla, pero profundamente importante: vivir juntos también se aprende. Convivir significa reconocer que compartimos espacios, recursos, oportunidades y desafíos con personas que muchas veces no conocemos, pero cuyas vidas inevitablemente se cruzan con la nuestra.
Esa reflexión me dejó pensando en otra dimensión de la convivencia que considero fundamental. Hemos aprendido muy bien a decir: “yo tengo derecho”. Y está bien que así sea.
Los derechos representan una de las grandes conquistas de la humanidad. Protegen nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra posibilidad de desarrollarnos como personas. Nos recuerdan que existen condiciones fundamentales que deben ser respetadas independientemente de quiénes somos, de dónde venimos o de lo que pensamos.
Pero quizá exista otra expresión que necesitamos recuperar con la misma fuerza: “¿qué me corresponde hacer a mí?” No para sustituir nuestros derechos. Mucho menos para debilitarlos. Sino para comprender que una sociedad no puede sostenerse únicamente sobre aquello que cada uno espera recibir de los demás. También necesita aquello que cada uno está dispuesto a aportar. Porque los derechos protegen nuestra dignidad individual, mientras que las responsabilidades compartidas hacen posible nuestra convivencia colectiva.
Pensemos en situaciones muy sencillas. Todos queremos vivir en una ciudad limpia, pero eso requiere que cada persona cuide los espacios que comparte. Queremos un tránsito más ordenado, pero necesitamos respetar las normas incluso cuando tenemos prisa. Esperamos recibir un buen servicio, pero también podemos tratar con respeto a quien nos atiende. Queremos vecinos considerados, organizaciones responsables, instituciones que funcionen y dirigentes honestos; pero esa misma honestidad, consideración y responsabilidad también tienen que aparecer en nuestras propias decisiones cotidianas.
Es fácil exigir aquello que debería hacer el otro. Mucho más difícil es preguntarnos qué parte nos corresponde. Y allí comienza, en mi opinión, una conversación que necesitamos tener con mayor frecuencia.
Una sociedad no es simplemente una suma de individuos que reclaman aquello que les pertenece. La sociedad es una enorme red de relaciones en la que cada persona recibe, aporta, necesita y es necesitada. Dependemos de otros mucho más de lo que normalmente reconocemos, y muchas personas dependen también de que nosotros cumplamos nuestra parte.
Cuando alguien cumple un compromiso, otra persona puede planificar. Cuando alguien respeta una norma, otros pueden confiar. Cuando alguien paga por un servicio, cumple con una obligación o cuida un espacio público, contribuye a que un sistema continúe funcionando. Cuando una persona decide actuar responsablemente, aunque nadie la esté vigilando, quizá no lo perciba, pero está aportando algo valioso a toda la comunidad.
La responsabilidad, entonces, no debería entenderse solamente como una obligación. También puede ser una forma de participación. Es nuestra manera de decir: yo también formo parte de esto.
Durante mucho tiempo hemos hablado del ciudadano fundamentalmente como sujeto de derechos. Quizá necesitemos recuperar también la idea de que el ciudadano es, y siempre debe ser, un constructor de sociedad. Una persona que no solamente se pregunta qué puede recibir de su comunidad, sino también qué puede aportar para mejorarla. Ese cambio de perspectiva puede parecer pequeño, pero tiene profundas consecuencias.
Esta reflexión me recuerda las famosas palabras pronunciadas por el presidente John F. Kennedy durante su discurso inaugural en 1961: “No pregunten qué puede hacer su país por ustedes; pregunten qué pueden hacer ustedes por su país.” Más de seis décadas después, la esencia de aquella invitación conserva una enorme vigencia. Imaginemos por un momento lo que podría ocurrir si trasladáramos esa pregunta a nuestros espacios más cercanos: ¿qué puedo hacer yo por mi calle, por mi urbanización, por mi comunidad, por mi organización o por la sociedad de la que formo parte?
La pregunta parece sencilla, pero cambia nuestra posición frente a la realidad. Cuando dejamos de preguntarnos exclusivamente “¿qué deberían hacer los demás?” y comenzamos también a preguntarnos “¿qué puedo hacer yo?”, recuperamos una parte importante de nuestra capacidad de actuar. Dejamos de ser únicamente observadores de los problemas para convertirnos, aunque sea modestamente, en participantes de las soluciones.
Y quizá allí comience una forma diferente de entender la ciudadanía. No se trata de dejar de exigir aquello que legítimamente corresponde a las instituciones, a los gobiernos o a quienes tienen responsabilidades específicas. Se trata de comprender que exigir y contribuir no son acciones opuestas. Podemos aspirar a mejores instituciones y, al mismo tiempo, ser mejores ciudadanos.
“Podemos reclamar nuestros derechos y asumir nuestras responsabilidades. Podemos pedir cambios y preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para ayudar a hacerlos posibles.”
Eso no significa asumir responsabilidades que corresponden a otros. Los gobiernos deben gobernar, las instituciones deben funcionar, las empresas deben responder por sus decisiones y quienes ejercen posiciones de liderazgo deben rendir cuentas. La responsabilidad compartida no significa diluir responsabilidades específicas. Significa algo diferente: comprender que nadie puede construir por nosotros la totalidad de la sociedad en la que queremos vivir.
Y aquí vuelvo nuevamente a la MOTITUD pues esas tres fuerzas pueden proyectarse hacia los demás. La motivación puede llevarnos a participar en lugar de permanecer indiferentes. La actitud puede ayudarnos a enfrentar los problemas sin convertir permanentemente la queja en nuestra única respuesta. Y una mentalidad de crecimiento puede permitirnos reconocer errores, cambiar comportamientos y comprender que siempre podemos aprender nuevas maneras de convivir.
Quizá una sociedad con Motitud sea precisamente aquella en la que sus ciudadanos no esperan que todo cambie para comenzar ellos mismos a cambiar algunas cosas, pues no necesitamos realizar grandes actos heroicos. Muchas veces nuestra responsabilidad comienza en lugares mucho más sencillos: en cómo conducimos, cómo trabajamos, cómo tratamos a los demás, cómo cuidamos aquello que compartimos, cómo cumplimos nuestra palabra y cómo respondemos cuando tenemos la posibilidad de ayudar. Cada una de esas decisiones parece insignificante cuando la observamos aisladamente. Pero una sociedad está formada precisamente por millones de decisiones aparentemente insignificantes.
Y allí reside su enorme poder.
Imaginemos por un momento una comunidad en la que cada persona decidiera mejorar apenas una de esas conductas: más respeto, más cumplimiento, más consideración, más participación y más cuidado por aquello que pertenece a todos. Probablemente ningún cambio sería espectacular de manera inmediata, pero poco a poco comenzaría a ocurrir algo extraordinario: aumentaría la confianza entre las personas. Y cuando aumenta la confianza, una sociedad comienza a funcionar de manera diferente.
Quizá por eso derechos y responsabilidades no deberían presentarse nunca como fuerzas opuestas. Son dos dimensiones de una misma convivencia. Necesitamos derechos que protejan a las personas frente al abuso, la arbitrariedad y la exclusión. Y necesitamos responsabilidades que nos recuerden que nuestras decisiones también afectan la posibilidad de que otros disfruten plenamente de esos mismos derechos. Podemos defender nuestra libertad y, al mismo tiempo, respetar la libertad de los demás. Podemos exigir respeto y ofrecerlo. Podemos pedir responsabilidad y practicarla. Podemos reclamar una mejor sociedad mientras asumimos nuestra pequeña parte en construirla.
Tal vez esa sea una de las expresiones más profundas de ciudadanía: comprender que lo que espero recibir de la sociedad guarda también alguna relación con aquello que estoy dispuesto a aportar a ella.
Por eso, quizá la próxima vez que pensemos en algo que debería cambiar a nuestro alrededor, además de preguntarnos “¿quién debería resolverlo?”, podríamos incorporar una segunda pregunta:
¿Qué me corresponde hacer a mí?
No tendremos siempre la respuesta. Y seguramente habrá problemas cuya solución exceda por completo nuestras posibilidades individuales. Pero hacernos la pregunta ya cambia nuestra posición frente a ellos. Nos mueve de la indiferencia hacia la participación, de la queja hacia la posibilidad y del “ellos” hacia el “nosotros”.
Porque una sociedad verdaderamente madura no es aquella en la que las personas renuncian a sus derechos; es aquella en la que los defienden con convicción y, al mismo tiempo, comprenden que vivir juntos también implica asumir responsabilidades compartidas. Quizá allí comience una transformación mucho más profunda: cuando dejamos de pensar únicamente en la sociedad que queremos recibir y empezamos también a pensar en la sociedad que estamos dispuestos a ayudar a construir.
